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La indemnización de las lesiones a los Agentes de la Policía Local por parte de la Administración General del Estado.

La Sentencia 651/2015, de 22 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso contencioso administrativo presentado por una agente de Policía Local, y ha condenado a la Administración General del Estado a resarcir a la agente por las lesiones que le fueron inferidas en el curso de un servicio policial el día 19 de septiembre de 2006, a cuyo pago fue condenado mediante sentencia judicial firme un tercero, que con posterioridad fue declarado insolvente por Auto.

Al margen de las distintas cuestiones procedimentales planteadas, y resueltas, en la sentencia,  las dos cuestiones principales debatidas en el procedimiento son, por una parte, ¿Quién debe resarcir a un agente de Policía Local por los daños sufridos en acto o con ocasión de servicio cuando el responsable es declarado insolvente?, y por otra, ¿Cuáles son los daños susceptibles de reparación?

Por lo que respecta a la primera cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estima la pretensión de la agente de Policía Local, y establece que es la Administración General del Estado quien debe resarcir los daños sufridos por la agente, cuando el tercero responsable de las lesiones ha sido declarado insolvente. Fundamenta el juzgador esta decisión en el principio de indemnidad que rige para los funcionarios públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y en la consiguiente reparación “ad integrum” que se deriva de dicho principio. De modo que aquel funcionario que sufra un daño, en el ejercicio de sus funciones públicas, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido del daño sufrido.

El principio de indemnidad se encuentra recogido en la siguiente normativa:

a.    Artículo 63.1 del Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964.

b.    Ley 29/1975, de 27 de junio, del Régimen General de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

c.    Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

d.    Artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa, aprobado por Decreto 2028/1975, de 17 de julio.

Además, los dictámenes del Consejo de Estado 522/91 y 195/93, refuerzan este principio que sirve de fundamento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

A pesar de las alegaciones realizadas por la Administración General del Estado afirmando que es la Corporación Local en la que presta sus servicios el agente de Policía Local interesado quien tiene la competencia para resolver, el Juzgador sentencia que la dimensión funcional de la Policía Local, como sujeto encargado del mantenimiento de la seguridad pública, de conformidad con el artículo 2.c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo traslada al ámbito estatal la cobertura indemnizatoria necesaria para dar cumplimiento al señalado principio de indemnidad.

En segundo lugar, la Sentencia se encarga de cuantificar los daños que se deben indemnizar, así a la hora de determinar el quantum de la indemnización, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura señala que se deberá respetar la cuantía establecida en la sentencia dictada en vía penal y que el agente no ha podido percibir como consecuencia de la insolvencia del tercero condenado.

Señala el Juzgador que los daños que, en virtud del principio de indemnidad, deben ser reparados son todos los que haya sufrido el agente, incluyendo los gastos de curación, los correspondientes a lesiones y secuelas, incluyendo los daños morales, como se desprende del artículo 110 del Código Penal, ya que en caso contrario se estaría quebrantando el principio de reparación integral del daño consagrado en el mismo.

El Tribunal, en la sentencia analizada, también se encarga de fijar los requisitos que se han de observar para que la Administración General del Estado deba resarcir los daños sufridos por la agente. Podrán reclamar el pago de la indemnización a la Administración General del Estado aquellos Agentes de Policía Local que hayan sufrido lesiones en el curso de su servicio policial, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:

a.     Se haya producido un daño en el ejercicio de sus funciones públicas.

b.     En la producción del daño no haya mediado dolo o negligencia por parte del agente.

c.     Exista sentencia judicial de condena en la que se fije la cuantía de la indemnización.

d.     El tercero condenado al pago haya sido declarado en situación de insolvencia, en virtud de resolución judicial.

La concurrencia de estos requisitos, de conformidad con la legislación señalada, fundamente la estimación de la demanda interpuesta por la agente de la Policía Local.

Jurisprudencia.

En el mismo sentido se han pronunciado otros tribunales, reconociendo a distintos funcionarios su derecho a ser resarcido por las lesiones sufridas durante  el ejercicio de sus funciones por un tercero declarado insolvente.

Sentencia 120/2016, de 26 de febrero, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Rec. 513/2015).

Sentencia 319/2016, de 29 de abril, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Rec. 833/2015).

Sentencia de 5 de febrero del 2003, de la Sala de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Rec. 3704/1994).

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